La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), presentó una propuesta para modificar la Ley 136-03, de Protección de Niños, Niños y Adolescentes, que busca aumentar a 30 años la pena máxima para los menores de edad que cometan hechos alarmante que consternen a la sociedad.
El presidente de Justicia y transparencia, Trajano Potentini, dijo que la propuesta de ley busca “darle respuesta a una realidad social que no podemos soslayar”, refiriéndose a los actos de delincuencia cometidos por menores, a propósito del asesinato de la niña Yaneisy Rodríguez de 4 años.
Planteó que, de manera excepcional, ante la comisión de crímenes y delitos graves como sicariato, asesinato, robo con violencia, violación sexual, secuestro, terrorismo y narcotráfico, exclusivamente para estas eventualidades, y menores con edades comprendidas entre 14 y menos de 18 años; “puedan ser habilitados por una comisión multidisciplinaria compuesta por un trabajador social, un psicólogo, un psiquiatra, un representante del CONANI y una representante del Ministerio Público con el fin de que la capacidad mental y psicológica de los menores, sean juzgados en la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes de manera excepcional con la aplicación de penas que van de 10 a 20 años, para los autores principales y en caso de complicidad de 5 a 20 años”.
Dijo que la legislación internacional permite a los Estados Unidos adoptar medidas en relación con los niños de quienes se alegue que han inferido las leyes penales, como puntualiza la Organización de Naciones Unidas en la Observación General No. 10.
Además, explicó que decenas de países tienen penas a partir de los 15 años (España Chile, Costa Rica, Cuba, Filipinas, Jamaica, Hong Kong, Ucrania, el estado australiano de Queensland, Arabia Saudita y otros países de Medio Oriente), incluyendo prisión perpetua para los menores en conflicto con la ley penal en Estados Unidos de Norteamérica. Además, de 49 de los 53 estados que integran la mancomunidad británica de naciones.
La FJT dio garantías de que la propuesta fue elaborada en consonancia con los tratados y acuerdos internacionales en materia de menores, siempre respetando los derechos fundamentales de los menores y propiciando acciones alternativas orientadas desde el estado dominicano a conjurar las causas fundamentalmente sociales que originan la delincuencia juvenil, incluyendo campañas de concientización y promoción para el respecto y protección de la niñez.
Potentini informó, que el proyecto procura que el Estado construya centros de rehabilitación especializados para esos menores en conflicto con la ley penal, garantizándole su rehabilitación y reinserción social.
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