Wander Santana – SANTO DOMINGO
Sudelgi Rosario Mena será la jueza que conozca la medida de coerción a los seis policías involucrados en la muerte a tiros de la pareja evangélica en Villa Altagracia, esto luego de que Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal rechazara la recusación de la que fue objeto.
La magistrada Rosario Mena fijó la audiencia para mañana viernes a la 1:00 de la tarde, confirmó el abogado Felix Geraldo, representante de los padres de Joel Díaz, quien murió acribillado por la patrulla policial junto a su esposa Elisa Muñoz. En el hecho resultó herido Claudio Alberto Ramírez Lamais, de 29 años.
Uno de los policías recusó a la jueza Sudelgi Rosario Mena, tras considerar que la misma estaba parcializada por no concederle tiempo para conocer el expediente y ejercer su defensa. La Corte de Apelación no encontró supuestos de parcialidad y por eso ratificó a la magistrada para conocer el caso.
La recusación fue ejercida por el abogado Yery Castro, defensa de Antony Castro Pérez, quien asegura que su defendido es inocente y no guarda relación con los hechos.
El Ministerio Público informó que está preparado para el conocimiento de la medida de coerción este viernes en contra de los seis integrantes de una patrulla policial involucrados en la muerte a tiros de una pareja de esposos en Villa Altagracia la pasada semana y reiteró que cuenta con pruebas suficientes para lograr su envío a prisión.
Al momento en que ocurrió el hecho, los tres se desplazaban por la autopista Duarte, a la altura del Kilómetro 45, junto a Carlos José Pérez Báez, quien resultó ileso, en un carro marca Kia, modelo K5, color blanco. Fueron interceptados por la patrulla policial que la emprendió a tiros contra el vehículo, causándoles la muerte a los esposos y las heridas a Ramírez Lamais.
Las víctimas se trasladaban hacia Santo Domingo, luego de participar en el cierre de una campaña religiosa en una iglesia evangélica del sector Los Ganchos, del municipio Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.
La Fiscalía de Villa Altagracia, encabezada por su titular Fátima Sánchez Guzmán, cuenta con un gran número de evidencias que comprometen la responsabilidad penal de los imputados en el hecho, que ha recibido la calificación jurídica provisional de violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley 631-16, sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
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