Otro factor que contribuye a la neutralidad de la justicia ante la corrupción es que los órganos de fiscalización interna del Estado se integran por allegados políticos que no cierran sus ojos para comer lo que le echa su amo, como lo hace el gato.
Los técnicos calificados para ser miembros de la Contraloría General de la República o de la Cámara de Cuentas, o sus auditores, necesitan el beneplácito de los políticos para poder entrar allí y se desvían del trazado de su compromiso, los amenazan con juicio político en el Senado o simplemente los presionan para maniatarse las manos.
Con esa estructura “institucional”, esos órganos del Estado no toman iniciativas para detectar, perseguir la corrupción y llevar a los corruptos a los tribunales.
¿Quiénes lo hacen? Los políticos contrarios que a falta de ideología y programas que contribuyan a levantar la honradez, el estímulo al trabajo, la decencia familiar y social, tratan de aplastar “judicialmente” a sus contrarios en un círculo vicioso caracterizado por la arrogancia y la revancha.
No es una vocación de lucha contra la corrupción. Es el grito de ¡Ahora me toca a mí romperte políticamente y desacreditarte entre tu familia y la sociedad!
Hasta el día de hoy, esa es la historia, yo no sé mañana.
Empresarios y política
Diez años atrás era excepcional ver a un empresario participando como miembro de un partido político.
Ninguno estaba al margen de la política, siempre estaban dispuestos a poner algo de su dinero o recursos al servicio de líderes políticos, pero no su pellejo en esa especie de carbonera que son los partidos dominicanos, carentes de gente con experiencia de Estado en países con larga tradición democrática y sin formación en academias para el servicio público.
En la última década, empresarios se integran a la política partidaria en número destacado, desde donde buscan candidaturas y sirven como ministros, consejeros o fuente de relacionamiento de los políticos con sectores industriales, agropecuarios o de servicios.
Esa participación en la política por parte de empresarios no solo es el ejercicio de un derecho ciudadano fundamental, sino conveniente porque sus éxitos en el ámbito privado pueden llegar al Estado para beneficio del país, además de contribuir a que los políticos no sean mayoritariamente “tiguerones de villa” dispuestos a tirotearse en el Palacio del Congreso Nacional o en el hotel Dominican Concorde, sino gente decente y con méritos.
Pero lo que estamos viendo hoy como política de persecución de la corrupción, debe estar haciendo arrepentir a muchos empresarios de dar el paso a la militancia política y a los que están dentro a abandonarla, no por miedo a un tribunal judicial, sino a la parodia y a la vocinglería que se monta a diario por todas partes haciendo imputaciones que tal vez no se puedan sustentar con pruebas y terminen en la condena de opinión pública.
Dos ejemplos
Pongo solo algunos ejemplos para expresar mi preocupación por la forma en que los políticos quieren expulsar a los empresarios de la militancia política en nombre de la lucha anticorrupción.
¿Puede alguien decirme a mí que Andrés Bautista García, primer presidente del PRM, vino a la política a buscar unos cuantos millones de pesos?
Me niego a creer eso. Millones tenía él y su familia cuando entró como senador y yo lo recuerdo más por el atropello policial de que fue víctima en la puerta del edificio de la Liga Municipal que por alguna extravagancia en lugares de diversión o por exhibir lujos.
Desde el 2017 anda arrastrando un proceso “judicial” que lo tiene excluido de la política y lesiona su credibilidad como empresario de la ganadería.
Si es declarado inocente de la acusación de recibir sobornos de Odebrecht, ¿el Estado lo va a resarcir económica y moralmente por los graves daños sufridos?
Sobra decir que nada me liga a él y que tiene muy buen abogado. ¡Pregúntenle a él quienes lo tienen más cerca!
Otro caso ilustrativo: ¿Iría Donald Guerrero Ortiz a la militancia política y a ser ministro de Hacienda en el pasado gobierno para “buscarse” varios cientos de millones de pesos? Absolutamente no lo creo porque el riesgo era mayor que los beneficios y él lo sabía.
Guerrero Ortiz tiene sólidos vínculos de negocios con empresas de fama mundial que no suelen hacer tratativas con “tígueres” y tiene la representación de esas marcas en territorio de Estados Unidos, donde lavar dinero robado no es tan fácil como aquí.
Estos dos casos, de empresarios de los dos partidos mayoritarios, el PLD que era gobierno y el PRM que ahora lo es, ponen de manifiesto que para ellos hay riesgos evidentes en su participación política relevante. Bautista García tiene casi cuatro años tratando de explicarles a fiscales y jueces cómo se ganó los millones que ya tenía cuando fue senador por primera vez y ahora Guerrero Ortiz tiene cuatro interrogatorios y el lunes va para un quinto para tratar de demostrarles a los fiscales la procedencia del dinero que ya tenía antes de entrar en la política.
Si el PRM perdiera las próximas elecciones, ¿tendrán empresarios de limpia trayectoria moral como Lisandro Macarrulla y Jochi Vicente que pasar meses explicándoles a fiscales “independientes” cómo obtuvieron los millones con que llegaron a ser ministros?
No es igual
Si seguimos confundiendo a empresarios –de todos los partidos- con vividores de la política curtidos en el tigueraje, las organizaciones políticas se quedarán con muy pocos de los primeros y sus escalones más altos seguirán siendo ocupados por riferos y logreros de la peor calaña, junto a personas serias, pero incautas. En la persecución de la corrupción hay que tener la prudencia de no confundir a un político que llega al Estado como un pelagato y sale revestido de riquezas, con un empresario que llegó con muchos millones de pesos y sale con ellos o con más, sobre todo si sus empresas siguen operando al mismo ritmo.
Cuando en este país se decida perseguir la corrupción como un eje transversal de la justicia y del comportamiento ciudadano, hay que hacerlo sin estridencias, sin irrespetos, respetando la presunción de inocencia y observando el segundo principio del Código Procesal Penal que establece que el proceso penal es una medida extrema de la política criminal.
Perseguir la corrupción no puede ser una campaña o una oleada posterior o anterior a cada proceso electoral y mucho menos si las iniciativas corresponden a los políticos y sus anexidades, no a los órganos constitucionales de fiscalización del uso del patrimonio público.
La decencia y la honradez han tenido que esperar mucho para abrirse paso entre la jauría política dominicana.
Nada me indica que a un problema tan complejo como la corrupción, se le dará solución con formulismos tan fácilmente entendibles.
Esperemos sentados las condenas y de pie las revanchas, como hasta ahora.
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