Setenta y dos funcionarios nombrados por el presidente Luis Abinader figuran en un listado de la Cámara de Cuentas por no haber depositado sus declaraciones juradas de bienes.
El documento también manifiesta que 411 funcionarios, nombrados durante el mandato de Danilo Medina y que cesaron en sus funciones por decretos de Abinader, tampoco habían presentado su declaración jurada de patrimonio hasta el 16 de octubre del presente año.
Por igual, 4,076 funcionarios electos, entre diputados, regidores, alcaldes y vocales, también fueron señalados como “omisos” por el órgano de control fiscal, debido al incumplimiento de la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.
Director general, subdirector, cónsul general, embajador de la República Dominicana, subadministrador, diputado, regidor, director municipal, y alcalde son algunos de los cargos que figuran en el listado de personas que no han entregado el documento con sus bienes.
A once días de asumir su mandato, el 27 de agosto, Abinader dijo que los funcionarios que no presentaran su declaración jurada de bienes al día 15 de septiembre quedarían suspendidos.
Asimismo, el mandatario agregó que si todavía los funcionarios no declaraban su patrimonio pasadas tres semanas de la fecha límite, entonces quedarían removidos de sus cargos. “Si en tres semanas posterior al día 15 de septiembre no entrega la declaración jurada de bienes entonces estará destituido”, expresó en una rueda de prensa ofrecida en el Palacio Nacional.
Pese al anuncio del presidente, la Cámara de Cuentas dio un plazo de 13 días para recibir la documentación, siendo la nueva fecha el 28 de septiembre, después de varias quejas por parte de usuarios que tuvieron problemas con el portal digital de la institución.
Advertencia de Abinader
Un día después de excedido el nuevo plazo de entrega, el mandatario aseguró que los funcionarios que no declararon sus bienes a tiempo quedarían suspendidos de sus funciones. “El que no declare será suspendido”, expresó mientras caminaba por los pasillos del Palacio Nacional.
Abinader repitió su advertencia de que si en un periodo de tres semanas después del vencimiento de la fecha de entrega, los funcionarios todavía no declaraban sus bienes entonces serían destituidos.
Las declaraciones del jefe de Estado fueron emitidas luego de que Hugo Álvarez Pérez, presidente de la Cámara de Cuentas, asegurara que hasta el martes 28 de septiembre sólo la mitad de los servidores públicos (tanto actuales como de la pasada administración) habían presentado su declaración jurada.
No obstante, Abinader afirmó que todos los ministros y directores generals de instituciones públicas ya habían depositado los documentos solicitados por la institución.
En el listado de la Cámara de Cuentas figuran Laureano Guerrero Sánchez, director general de Desarrollo Fronterizo; Andrés Enmanuel Bautista Taveras, cónsul general en Haití; Juan Agustín de los Santos Peña, cónsul en Colombia; Roberto Enrique Rubio Cunillera, viceministro de Relaciones Exteriores; entre otros servidores públicos.
En cumplimiento de la advertencia que hizo en dos ocasiones, el mandatario ha suspendido hasta el momento a 15 funcionarios a través de los decretos 525-20 y 534-20, emitidos el 30 de septiembre y el 2 de octubre respectivamente.
El primer artículo de los decretos dispone que “la suspensión provisional de los funcionarios se realizará sin disfrute de sueldo hasta tanto presenten su declaración jurada”.
Las suspensiones
En las suspensiones del decreto 525-20 figuran Faruk Garib Arbaje y José Cordero Mora viceministros de Agricultura; Anibal Díaz Belliard, director operativo de Presidencia; Cecilio A. Rodríguez Montás, director ejecutivo del Instituto Nacional del Bienestar Estudiantil; Francisco Cantizano Nadal, director de ceremonial de estado de Relaciones Exteriores; Simeón Ramírez Cruz, director ejecutivo del “Proyecto Cruz de Manzanillo” del Ministerio de Agricultura; Kohuris Henríquez Disla, director general de Riesgos Agropecuarios; Ana María Henríquez Disla, directora ejectuvia del Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Asimismo, en el decreto 534-20 se encuentran Anderson Ramón de los Santos, presidente de la Comisión de Apoyo Provincial Región Este; Porfirio Herrera, director general de Promipymes; Daniel Antonio Liranzo, director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas; Reynaldo Ferreira Genao, director ejecutivo de la Comisión Nacional del Cacao; Máximo Pérez Pérez, director ejecutivo del Instituto Azucarero Dominicano; Dolores Núñez, subdirectora del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre; Daniel Florida Sánchez Mota, subdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.
SEPA MÁS
La Ley 311-14 sobre la materia
Las sanciones.
El artículo cinco de la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio dispone un plazo de 30 días siguientes a su toma de posesión para que los funcionarios presenten la declaración jurada de los bienes que constituyen su patrimonio y el de la comunidad conyugal.
Prisión y multa.
Del mismo modo, el artículo 15 establece que los funcionarios que falseen su patrimonio pueden enfrentar hasta dos años de prisión y una multa de 20 a 40 salarios mínimos por parte del Gobierno.
Suspendidos.
Según el listado proporcionado por la Cámara de Cuentas, de los servidores públicos suspendidos sólo restaban Anderson Ramón de los Santos y Daniel Antonio Liranzo por hacer su declaración de patrimonio al 16 de octubre.
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